Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El informe anual del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua señaló que el gobierno "eliminó los pocos controles institucionales que quedaban" y creó un "poder ejecutivo con dominio absoluto". "Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones", dijo Rosario Murillo, copresidenta del país centroamericano, en referencia al informe, que se basa en 1.500 entrevistas y 7.500 documentos.
Nicaragua decidió este jueves retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en rechazo a un informe de un grupo de expertos del organismo que acusa al gobierno de tener una "maquinaria de represión" y de instaurar un Estado autoritario en el país centroamericano.
"Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de todas las actividades relacionadas con este Consejo y todos sus mecanismos satélites", anunció Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega, en medios oficiales.
Ortega, un ex guerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y es acusado por sus críticos de establecer una "dictadura familiar" con su esposa de 73 años.
En su informe anual, publicado este miércoles en Ginebra, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua afirmó que "el régimen de Ortega-Murillo ha transformado deliberadamente el país en un estado autoritario" con la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero.
"No quedan instituciones independientes, las voces disidentes están silenciadas y la población, tanto dentro como fuera de Nicaragua, enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas", señala el informe, basado en 1.500 entrevistas y el análisis de 7.500 documentos, según los expertos.
El grupo también afirmó que el gobierno "reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos" para formar una especie de ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilarán y reprimirán a la población, como ocurrió en las protestas de 2018. Vestidos con camisetas blancas y pantalones negros, unas 30.000 personas encapuchadas alineadas en una plaza de Managua fueron juramentadas por Ortega y Murillo la noche del miércoles, uniéndose a otras 50.000 de todo el país.
Caja de Resonancia
Ortega y Murillo reforzaron su control sobre los nicaragüenses tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El Grupo de Expertos dijo que había encontrado evidencia por primera vez de que el ejército había estado involucrado con la policía y cientos de paramilitares encapuchados en la represión de las protestas que, según la ONU, han dejado más de 320 personas muertas.
"El autodenonimado Grupo de Expertos, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad", agregó Murillo, refiriéndose a los manifestantes.
El copresidente nicaragüense calificó de "irrespetuosos" estos órganos de la ONU y dijo que "han perdido su naturaleza y esencia": "No los reconocemos y no nos vemos parte ni cómplices de atentados contra la soberanía, la igualdad de los Estados y la dignidad de los pueblos".
Nicaragua no es uno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como tampoco lo son Israel y Estados Unidos, sus enemigos políticos, quienes sin embargo anunciaron su "retirada" de la organización semanas atrás.
Para el abogado nicaragüense Yader Morazán, en el exilio, el anuncio de Murillo "es un despropósito legal que no invalida responsabilidades". "No es más que una rabieta política", afirmó en su cuenta X.
"Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio", dijo Reed Brody, miembro del Grupo, el miércoles en Ginebra.
La nueva Constitución establece la "vigilancia" sobre la prensa y la Iglesia, y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a quienes el gobierno considere "traidores a la patria", como hizo con unos 450 críticos y opositores expulsados del país en los últimos años. Los investigadores de la ONU instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones, que describen como "crímenes contra la humanidad".